El mercado laboral cambia con rapidez y obliga a adaptar la orientación, la formación y la intermediación a perfiles profesionales muy distintos. Para quien busca trabajo, representa a una empresa o prepara una oposición, entender cómo funciona el mercado y el marco legal que lo regula puede resultar complejo. Por ello, la Ley 3/2023, de 28 de febrero, de Empleo nació para ordenar esas políticas y mejorar la atención prestada a empleados y personas en búsqueda de trabajo.
En este resumen de la Ley 3/2023, de 28 de febrero, de Empleo, te explicamos qué persigue la Ley de Empleo 3/2023, cómo organiza el sistema, qué derechos reconoce y a quién concede atención prioritaria. También aclaramos su aplicación actual para distinguir el texto legal de sus desarrollos posteriores. ¿Nos acompañas a conocer los detalles?
- La Ley 3/2023 de Empleo reorganiza las políticas públicas de empleo en España y refuerza la coordinación entre el Estado, las comunidades autónomas y las entidades colaboradoras.
- La norma reconoce servicios garantizados de orientación, diagnóstico, formación, intermediación y seguimiento, que deben adaptarse al perfil profesional y a las circunstancias personales de cada usuario.
- Los colectivos prioritarios de la Ley 3/2023 reciben una atención reforzada cuando afrontan barreras de acceso, permanencia o promoción laboral, aunque ello no garantiza una contratación automática.
¿Qué es la nueva ley de empleo 3/2023 y cuáles son sus principales aspectos?
Esta norma fue aprobada el 28 de febrero de 2023, publicada al día siguiente y entró en vigor el 2 de marzo. Su denominación oficial es Ley 3/2023, de 28 de febrero, de Empleo. Esto significa que la Ley 3/2023 se convirtió en el nuevo marco general de la política de empleo española. No obstante, algunas disposiciones anteriores continúan aplicándose temporalmente mientras se aprueban o implantan todos los desarrollos previstos por la nueva regulación, como la ley de empleo de 2015.
Entre otros asuntos, la ley de empleo 3/2023 regula las estructuras, los recursos, los servicios y los programas del modelo público. Su finalidad comprende la planificación, coordinación y ejecución de la política de empleo, la creación de oportunidades laborales y la atención a las personas o entidades demandantes de servicios.
También persigue mejorar la empleabilidad, combatir las brechas estructurales de género, impulsar la cohesión social y reforzar la cohesión social y territorial.
La ley no se limita a conectar ofertas y candidaturas: configura un sistema de orientación, formación, acompañamiento, intermediación y evaluación.
Un resumen visual para entender qué regula la norma, qué objetivos persigue y cómo afecta a las personas, las empresas y los servicios de empleo.
El marco general de las políticas públicas de empleo
- Ordena estructuras, recursos y programas
- Regula la atención a personas y empresas
- Coordina las políticas de empleo
- Sustituye, con excepciones, la ley de 2015
Mejorar el acceso, la permanencia y la progresión en el empleo
- Reforzar la empleabilidad
- Facilitar el acceso a un trabajo digno
- Reducir las brechas laborales
- Favorecer la cohesión social y territorial
Coordina organismos, administraciones y entidades colaboradoras
- Integra el Sistema Nacional de Empleo
- Conecta al Estado y las comunidades autónomas
- Permite la colaboración de entidades locales
- Coordina servicios públicos y privados
Actuaciones para encontrar empleo o mejorar la situación profesional
- Orientación e intermediación laboral
- Formación y actualización de competencias
- Apoyo a la contratación
- Asesoramiento para el autoempleo
Una atención más personalizada, continuada y evaluable
- Diagnóstico individual de empleabilidad
- Itinerario profesional personalizado
- Tutorización y seguimiento
- Información y asesoramiento laboral
Personas que afrontan mayores barreras de acceso al empleo
- Jóvenes y mayores de 45 años
- Personas con discapacidad
- Desempleados de larga duración
- Personas y familias en situación vulnerable
Idea clave: la Ley 3/2023 establece el marco general. Los reglamentos, las estrategias y los planes anuales concretan después sus servicios y programas.
¿Cómo organiza la Ley 3/2023 el Sistema Nacional de Empleo y los servicios públicos y privados?
El Sistema Nacional de Empleo integra estructuras administrativas, recursos, programas, planes e información. En él participan el organismo estatal competente y los servicios públicos autonómicos; las entidades locales pueden colaborar para adaptar las actuaciones a cada territorio. Para entender esta parte de la norma, conviene aclarar primero que el Sistema Nacional de Empleo no es una oficina ni un organismo único. Es la estructura que reúne los recursos, los servicios, los programas y las administraciones responsables de aplicar las políticas de empleo en España.
Según la Ley 3/2023, su núcleo está formado por la Agencia Española de Empleo, prevista como organismo estatal, y por los servicios públicos de empleo de las comunidades autónomas. Las entidades locales también pueden colaborar para adaptar las actuaciones a las características económicas y laborales de cada territorio.
El sistema debe coordinar tareas muy diferentes: analizar el mercado de trabajo, planificar programas, mejorar la formación, facilitar la intermediación laboral y garantizar una cartera común de servicios. Para evitar que cada administración actúe de manera aislada, la ley establece órganos de gobernanza y mecanismos de cooperación entre el Estado y las comunidades autónomas.
También pueden participar agencias de colocación y otras entidades públicas o privadas. Sin embargo, esta colaboración no convierte la atención laboral en una actividad exclusivamente privada: los servicios de empleo mantienen su naturaleza de servicio público, con independencia de la entidad que los preste.
¿Qué es la Agencia Española de Empleo y qué relación tiene con el SEPE?
La Agencia Española de Empleo es el organismo público estatal que la Ley 3/2023 diseña para asumir las funciones del Servicio Público de Empleo Estatal. Entre sus cometidos se encuentran la ordenación, el desarrollo y el seguimiento de las políticas activas de empleo y de la protección por desempleo dentro del ámbito estatal.
Ahora bien, la aprobación de la ley no provocó la desaparición inmediata del SEPE. La transformación debe regularse mediante un real decreto que establezca sus condiciones y apruebe el estatuto de la nueva agencia. Hasta que esta entre efectivamente en funcionamiento, el SEPE continúa ejerciendo las funciones que le corresponden.
Por tanto, la Agencia Española de Empleo representa el modelo organizativo previsto por la ley, mientras que el SEPE sigue siendo la referencia administrativa para los trámites y servicios que actualmente gestiona. Esta diferencia entre previsión legal y aplicación efectiva evita dar por completado un cambio institucional que requiere desarrollo posterior.
- La orientación laboral, la inscripción como demandante y la formación suelen corresponder al servicio autonómico de empleo, mientras que el SEPE gestiona prestaciones y subsidios por desempleo.
La nueva ley mantiene la estructura básica del sistema, pero refuerza la personalización, la evaluación y los servicios reconocidos a personas y empresas.
Idea principal: la Ley 3/2023 no parte de cero; actualiza el modelo anterior y refuerza su orientación hacia la personalización, la coordinación y la evaluación.
¿Qué regula la Ley 3/2023 sobre las políticas activas de empleo?
Las políticas activas de empleo constituyen una de las materias centrales de la Ley 3/2023, que les dedica su título III y establece qué actuaciones comprenden, qué objetivos deben perseguir y qué administraciones son responsables de desarrollarlas. La norma las define como el conjunto de servicios y programas destinados a facilitar el acceso a un empleo digno, mejorar la situación profesional y favorecer el trabajo por cuenta propia. Dentro de ellas se incluyen la orientación laboral, la intermediación, la formación, el apoyo a la contratación y el asesoramiento para el autoempleo y el emprendimiento.
Su relación con la empleabilidad es directa. Estas medidas buscan que cada persona pueda adquirir competencias, encontrar trabajo, conservarlo y adaptarse a los cambios del mercado laboral. No se limitan, por tanto, a atender a quienes están en desempleo: también pueden ayudar a trabajadores que necesitan actualizar su formación, cambiar de sector o progresar profesionalmente.
La Ley 3/2023 dispone, además, que estas políticas se desarrollen en todo el Estado dentro de los instrumentos comunes de planificación. Su diseño y ejecución corresponden a los servicios públicos de empleo estatales y autonómicos, dentro de sus respectivas competencias y teniendo en cuenta las necesidades concretas de los mercados laborales territoriales.
Los programas también deben evaluarse mediante objetivos e indicadores. Esta evaluación permite comprobar si las actuaciones mejoran realmente la inserción laboral, reducen las brechas de género y responden a las necesidades de las empresas. Cuando los resultados no son suficientes, la información obtenida debe servir para revisar las medidas y utilizar mejor los recursos públicos.
La Ley 3/2023 no se limita a mencionar las políticas activas de empleo: las define, establece sus objetivos y ordena cómo deben planificarse, ejecutarse y evaluarse.
¿Qué servicios garantizados reconoce la ley de empleo 3/2023?
Uno de los elementos más relevantes es el reconocimiento de servicios garantizados para personas demandantes, empresas y otras entidades empleadoras. Su contenido fue desarrollado por el Real Decreto 438/2024, que aprobó la Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Empleo y concretó las condiciones generales de prestación.
Para las personas desempleadas u ocupadas que soliciten apoyo, los servicios pueden comprender:
- Un diagnóstico inicial y un perfil individualizado basado en competencias, formación, experiencia y circunstancias personales;
- Un itinerario personalizado de formación, búsqueda de empleo o emprendimiento;
- Tutorización, seguimiento continuado y revisión de las actuaciones acordadas;
- Información sobre ofertas, formación, movilidad, autoempleo y mercado laboral;
- Intermediación y apoyo para mejorar las herramientas de búsqueda de empleo.
El itinerario se articula mediante un acuerdo de actividad entre la persona usuaria y el servicio público de empleo. Este documento concreta actuaciones y compromisos; su intensidad debe responder al diagnóstico y a las necesidades detectadas.
- El diagnóstico individual de empleabilidad permite detectar carencias formativas, experiencia aprovechable y barreras personales, facilitando un itinerario más realista y ajustado a las oportunidades del mercado laboral.
- El seguimiento continuado permite revisar el itinerario cuando la formación elegida, las circunstancias personales o las oportunidades del mercado laboral cambian.
Un servicio garantizado no implica que todas las personas reciban las mismas medidas, sino que deben acceder a una atención adecuada, trazable y adaptada a su situación.
Las empresas pueden recibir asesoramiento para definir puestos, difundir ofertas y preseleccionar candidaturas. Así, la ley de empleo 3/2023 busca mejorar tanto la atención a quienes necesitan trabajar como el apoyo a quienes necesitan incorporar profesionales.
¿Quiénes son los colectivos prioritarios de la Ley 3/2023?
La norma identifica colectivos prioritarios que pueden necesitar servicios especializados por afrontar mayores obstáculos de acceso, permanencia o promoción en el empleo. Entre ellos figuran:
- Jóvenes con baja cualificación
- Personas en desempleo de larga duración
- Mayores de 45 años
- Migrantes
- Personas con discapacidad, con capacidad intelectual límite o con trastorno del espectro autista
- Personas LGTBI, especialmente trans
- Mujeres con baja cualificación
- Víctimas de violencia de género
- Personas en exclusión social
- Víctimas de trata o terrorismo
- Población gitana y otros grupos étnicos o religiosos
- Personas afectadas por adicciones
- Trabajadores procedentes de sectores en reestructuración
Así, la ley señala que la intervención con estos colectivos debe ajustarse a las barreras concretas de cada persona.
La ley menciona, además, a personas cuya guardia y tutela sea o haya sido asumida por las administraciones públicas, descendientes en primer grado de mujeres víctimas de violencia de género y personas adultas con menores de 16 años o mayores dependientes a cargo, especialmente si constituyen hogares vulnerables. La atención se refuerza especialmente si constituyen familias con una sola persona responsable, es decir, si constituyen familias monomarentales o pertenecen a familias monomarentales y monoparentales.
Ser colectivo prioritario debe traducirse en medidas especializadas y accesibles; no basta con incluir a una persona en una categoría administrativa.
La ley de empleo 3/2023 permite determinar otros grupos vulnerables dentro del sistema, lo que facilita responder a cambios económicos, crisis sectoriales o necesidades territoriales no previstas de forma completa en la enumeración legal.
Recuerda que la inclusión en esta categoría no concede automáticamente una ayuda económica, una plaza formativa o un puesto de trabajo. Su finalidad es que los servicios de empleo tengan en cuenta las barreras específicas de estas personas y diseñen medidas de orientación, formación e inserción adaptadas a ellas.
¿Cómo se aplica actualmente la Ley 3/2023 de Empleo?
La ley establece el marco general, pero no concreta por sí sola todos los procedimientos, programas y objetivos anuales. Para llevar sus principios a la práctica, necesita normas e instrumentos de planificación posteriores, cada uno con una función diferente.
La aplicación de la norma depende de varios instrumentos. El Real Decreto 438/2024 desarrolló la cartera común y los servicios. Posteriormente, la Estrategia Española de Apoyo Activo al Empleo 2025-2028 fijó el marco plurianual para desplegar esos derechos, mejorar la intermediación, ampliar la formación y reforzar la atención a personas y empresas.
La planificación se concreta cada año mediante el Plan Anual para el Fomento del Empleo Digno. El plan de 2026 fue aprobado por el Consejo de Ministros el 16 de junio de ese año como hoja de ruta anual de las actuaciones del sistema. Así, la ley aporta la arquitectura general, mientras que el reglamento, la estrategia y el plan convierten sus principios en servicios, programas e indicadores evaluables.
En resumen:
- Real Decreto 438/2024: concreta la Cartera Común y las condiciones de los servicios garantizados.
- Estrategia Española de Apoyo Activo al Empleo: fija las prioridades para varios años.
- Plan Anual para el Fomento del Empleo Digno: traduce esas prioridades en objetivos y actuaciones para un ejercicio concreto.
Interpretar la ley de empleo 3/2023 exige consultar el texto consolidado y las disposiciones posteriores. La comprobación es esencial al analizar los servicios, la transformación del SEPE o las prioridades de cada ejercicio.
- La Ley 3/2023 no concede por sí sola prestaciones económicas ni garantiza un empleo; cada ayuda, programa o servicio tiene requisitos propios que deben comprobarse en el organismo competente.
Preguntas frecuentes sobre la Ley de Empleo 3/2023
Aunque los principales contenidos de la norma ya están claros, pueden quedar algunas dudas prácticas sobre la Ley de Empleo 3/2023: dónde consultar su versión actualizada, qué organismo gestiona cada trámite o qué documentación debe utilizarse para preparar un examen. A continuación, te mostramos respuestas a dudas frecuentes y habituales de la población en general.
¿Dónde se puede consultar el texto oficial de la Ley 3/2023?
La norma debe consultarse en la base de datos del Boletín Oficial del Estado. Allí están disponibles tanto la publicación original como el texto consolidado de la Ley 3/2023, de 28 de febrero, de Empleo (BOE). Este último integra las modificaciones expresas aprobadas posteriormente y facilita la lectura de la regulación vigente. No obstante, el propio BOE advierte de que los textos consolidados tienen carácter informativo.
¿A qué organismo hay que dirigirse para realizar un trámite de empleo?
Depende de la gestión que se necesite. La inscripción o renovación como demandante, la orientación laboral, los cursos de formación y buena parte de los programas de empleo corresponden normalmente al servicio público de empleo de la comunidad autónoma en la que reside la persona interesada.
El SEPE, por su parte, gestiona las prestaciones y los subsidios por desempleo. Por eso, una misma persona puede tener que relacionarse con ambos organismos: con el servicio autonómico para mantener activa su demanda de empleo y con el SEPE para solicitar o consultar una prestación económica.
¿La Ley de Empleo concede directamente una prestación por desempleo?
No. La ley de empleo 3/2023 establece el marco general de las políticas de empleo, la orientación, la intermediación, la formación y los servicios de acompañamiento. Su aprobación no genera automáticamente el derecho a cobrar una prestación o un subsidio.
El acceso a estas ayudas depende de su normativa específica y de requisitos como la situación legal de desempleo, las cotizaciones acumuladas, las rentas o las responsabilidades familiares, según la prestación solicitada. Por tanto, recibir orientación o participar en un itinerario de empleo no equivale a tener reconocida una ayuda económica.
¿Qué versión de la norma debe estudiarse para un examen u oposición?
Para preparar un test de la Ley 3/2023 de Empleo, lo primero es comprobar la fecha de referencia indicada en la convocatoria. Si el temario exige la legislación vigente, debe utilizarse una versión consolidada y actualizada, no únicamente el texto publicado en marzo de 2023.
También conviene verificar si el programa incluye las normas de desarrollo, las disposiciones transitorias o instrumentos como la Cartera Común de Servicios. Los manuales y cuestionarios pueden servir para repasar, pero deben contrastarse con el BOE: un material antiguo puede contener denominaciones, artículos o respuestas que hayan quedado desactualizados.
